Durante el 44º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el impacto de la pandemia de COVID-19 en el derecho a la educación fue un tema relevante para la totalidad o prácticamente la totalidad de los países. Esta pandemia ha supuesto una importante crisis sanitaria, económica y social, lo que a su vez ha repercutido en el sistema educativo.
La Relatora Especial, Koumbou Boly Barry, presentó sus conclusiones acerca de tres informes: uno sobre las repercusiones de COVID-19 en la educación, y otros dos sobre sus visitas a Túnez y Qatar.
Se centró principalmente en el informe sobre la pandemia, destacando dos lecciones. En primer lugar, afirmó que los países que trabajan junto a sindicatos y asociaciones de docentes muestran menos desigualdades en la continuidad educativa. En segundo lugar, hizo un llamamiento para que los países tomen conciencia sobre la interconexión que existe entre el derecho a la educación y el resto de Derechos Humanos, destacando que la educación siempre debería tenerse en cuenta a la hora de examinar otras políticas sociales.
En cuanto a la primera lección, sobre la desigualdad de la educación, explicó que estas desigualdades ya existían antes de la pandemia pero se han intensificado gracias a la misma. La mayoría de los países coincidieron con la Relatora Especial en su preocupación de que el aprendizaje a distancia se convirtiera en una medida más recurrente, y consideraron que debía ser una herramienta de emergencia y temporal para responder a la pandemia, pero que nunca debía sustituir a los profesores de las clases presenciales. En cambio, es necesario mantener un diálogo constante con los padres y los profesores para elaborar mejores políticas estatales, ya que ellos son los que han logrado continuar con la educación a pesar de las circunstancias.
Respecto a la segunda lección, señaló la importancia de la financiación de la educación para reducir la desigualdad, especialmente entre grupos vulnerables. Destacó la importancia de abordar el origen de la exclusión de la educación al analizar las medidas adoptadas durante y después de la pandemia. Los países han aplicado buenas prácticas durante esta crisis, como: la creación de plataformas para el aprendizaje y la enseñanza a distancia, la entrega de materiales impresos a cada localidad y comunidad donde casi no existe acceso a internet, la difusión de lecciones a través de la radio y la televisión nacionales, y el establecimiento de foros en los que la sociedad civil pueda participar y dar su opinión. Sin embargo, todavía quedan muchas lecciones por aprender en relación a esta materia.
OIDEL señaló en su intervención la importancia del papel de los padres, las familias y las comunidades respecto a la educación, en particular durante esta pandemia. Subrayó la necesidad de que la comunidad internacional reconociera este papel de los padres en la educación. Por otra parte, también pidió a la comunidad internacional que apoyara a las escuelas no gubernamentales sin fines de lucro, debido al importante papel que desempeñan en la protección del derecho a la educación de muchas comunidades.
En general, todos los países estuvieron de acuerdo en la importancia que tienen la cooperación internacional y el intercambio de buenas prácticas para abordar esta cuestión. Mientras que algunos países consideran que la educación en línea es una nueva oportunidad, la mayoría entiende que se trata de una medida temporal. Es importante tener en cuenta que varios estudiantes no pueden acceder a una comida caliente con los centros educativos cerrados, que el número de abusos domésticos aumenta, además del gran riesgo de que los niños, y especialmente las niñas, dejen de asistir a la escuela por completo.
Informe disponible en inglés aqui